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Que la Travesía Central Pirenaica (TCP) vuelva a ponerse en la agenda de la UE para abrir una nueva vía de conexión entre España y Francia es algo "esencial" para el Gobierno de Aragón, y, por ello, su presidente, Jorge Azcón, ha mantenido una reunión con varios miembros de Parlamento Europeo en con el objetivo de "informar y concienciar" de los beneficios que tendría este proyecto para el conjunto de los 27.
"Sin que los eurodiputados tengan la oportunidad de escuchar de primera mano las razones económicas, sociales y políticas existentes para el desarrollo de la TCP, es muy difícil que demos los primeros pasos, así que les agradezco su predisposición a escuchar unos motivos que son de justicia y que estoy seguro de que convencen a cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común", ha expresado el presidente aragonés desde Canfranc.
Azcón tiene como uno de los principales objetivos de su legislatura que Aragón se convierta en una puerta de acceso a Europa, como ya son Irún, en el País Vasco, y Port Bou, en Cataluña, y, en la persecución de ese afán, ya ha celebrado encuentros con Óscar Puente, ministro de Transportes de España, y con el presidente de Nueva Aquitania (región francesa con la que se establecería la conexión), Alain Rousset. Sin embargo, a la reunión con los representantes europeos no han acudido parlamentarios franceses, lo que podría ser muestra de la falta de interés que el país vecino tiene por el avance de este tipo de proyectos.
En ese sentido, el líder aragonés ha querido apelar a "la razón de ser de la Unión Europea, que es defender los valores de todos, por encima de lo que pueden ser los intereses de unos pocos". Así, ha destacado la importancia estratégica que tendría el establecimiento de la TCP, ya que "permitiría que los productos del sur de América llegaran hasta Ucrania o a cualquier otro país del continente, porque, evidentemente, España es uno de los principales puertos para la llegada de mercancías procedentes del otro lado del Atlántico".
La postura de Azcón se ha visto respaldada durante la reunión por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, quien ha instado a Francia a confirmar su compromiso para avanzar en las conexiones ferroviarias transfronterizas, destacando la importancia de "impulsar los nuevos tramos ferroviarios de los corredores Mediterráneo y Atlántico más próximos a los Pirineos".
Además, el presidente de Corredores.eu, Salvador Galve, también presente en la reunión, ha destacado la importancia del desarrollo de la TCP para España, ya que "con los dos corredores proyectados (Atlántico y Mediterráneo) apenas lograremos cubrir un 9% de la demanda proveniente de los países europeos".
Galve también ha resaltado la propuesta realizada por Santano de reactivar la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) TGC-P, actualmente en pausa y que "podría convertirse en el motor de una transformación real en nuestras infraestructuras ferroviarias de mercancías". Así, ha posicionado como "esencial" el inicio de la obras "cuanto antes" para cumplir los plazos fijados para 2050.
Batalla por el perdón de la deuda
Más allá del desarrollo de la logística, el presidente de Aragón ha vuelto a cargar contra la condonación de la deuda, "que va a hacer que los aragoneses paguen más por el sobregasto que se ha producido en otras comunidades autónomas". Azcón mantiene que, con esta medida, "Hacienda está premiando a los que han realizado una mala gestión" y "por eso todos sabemos que la razón de fondo que hay en todo esto es un nuevo pago de Pedro Sánchez a sus socios independentistas para seguir instalado en La Moncloa".
Por ello, ha incidido en el rechazo que su región va a hacer a la propuesta durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De hecho, en la Comisión preparatoria que se ha celebrado con antelación al cónclave, los representantes aragoneses han solicitado que "se retire del orden del día la votación sobre la condonación de la deuda y que se aborde la reforma integral del sistema de financiación autonómica", denunciando el escaso margen de maniobra que han tenido los gobiernos regionales para asimilar la medida y la unilateralidad en las negociaciones.